El 23 de septiembre se conmemora la puesta en vigencia de la normativa argentina conocida como «Ley Palacios» , que se promulgó en 1913 con el número 9.114, y se convirtió en la primera norma legal del mundo en tener por objetivo luchar contra la explotación sexual.
En ese marco, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), realizó un relevamiento de las causas abiertas a lo largo y ancho del país desde 2009, año en el que se comenzó a implementar la ley 26.364 de «Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas». Esta norma, además de penar la explotación sexual, también previó la represión de conductas con fines de explotación laboral.
En este relevamiento, Salta quedó entre las primeras ocho provincias del país con más condenas por este delito con 17 condenas, siendo Córdoba la que tiene más condenas con un número de 36 fallos.
Condenas ejemplificadoras y trabajo transversal
Ante este informe Isabel Soria, referente de la Fundación Volviendo a Casa, que lucha contra la trata, y ahora la directora de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad fue consultada y vinculó el lugar que ocupa Salta a nivel nacional, con el trabajo que se realiza desde la fiscalía federal que está a cargo de Eduardo Villalba y con las «sentencias ejemplificadoras» que dictó la Justicia del mismo fuero.
La referente, explicó que en 2009, cuando se incorporó al sistema jurídico la sanción del delito, Salta fue una de las primeras en crear la División de Trata, Tráfico de personas y Asistencia a las Víctimas dentro del ámbito de la policía provincial . «La división no trabaja por motus propio, sino mediante oficios judiciales federales, al igual que la oficina de rescate de la provincia, si no interviene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación mediante la oficina de rescate», explicó a El Tribuno.
Si bien Soria destacó que «hay pocas provincias que tienen estas divisiones como Catamarca, Tucumán y Chaco», advirtió por otro lado que, más allá de que el organismo cuente con personal especializado, «deberían ser muchísimos más y tener más recursos para hacer las investigaciones, que en eso se está trabajando».
Soria también recordó la ubicación geográfica fronteriza de la provincia y señaló que, por esa razón, muchas veces se trabaja mancomunadamente con Bolivia para rescatar jóvenes de allí. «Por la responsabilidad que tenemos por ser zona de frontera, hay compromiso de las fiscalías y los juzgados federales, y una decisión judicial de terminar con el delito de trata en el norte particularmente, que es tan difícil visibilizarlo más que nada», precisó la funcionaria.
Fuente: informatesalta.com