Quedaron sobreseídos siete miembros del pueblo diaguita Calchaquí Las Pailas

Fue decisión del juez Marcelo Rubio. Los imputados habían sido denunciados por un terrateniente cuando se opusieron al cierre de un camino vecinal en La Comunidad Las Pailas.

Esta semana se conoció la decisión del Juez Marcelo Rubio de declarar la prescripción de la acusación y el sobreseimiento de siete integrantes del pueblo diaguita calchaquí, que habitan en jurisdicción de Cachi. Estaban acusados de coacción, resistencia a la autoridad con lesiones leves y, dos de ellos, por desobediencia judicial. Esta causa se inició cuando se opusieron a que un empresario les cerrara un camino vecinal.

La abogada Verónica Huber, quien ejerce la defensa de la Comunidad Las Pailas. dijo a Salta/12 que después de una causa de cinco años, le sorprendió la decisión del juez. Explicó que Rubio tomó el caso luego de que la jueza Mónica Faber en la segunda audiencia decidiera excusarse y declarar la nulidad del juicio por haber intervenido antes en el conflicto territorial de la comunidad con el denunciante, el empresario Carlos Robles. Al revisar las actuaciones, el magistrado advirtió que al decretarse la nulidad en octubre el juicio prescribió.

Huber explicó que en 2014 el terrateniente y empresario inmobiliario Carlos Robles intentó cerrar un camino vecinal, usado por el pueblo de Cachi porque conduce al Cerro de la Virgen, y que está dentro del territorio ancestral de la Comunidad Las Pailas. Sus integrantes se opusieron y se reunieron en el lugar para evitarlo. Intervino la Policía, reprimiéndolos y en la redada detuvieron a siete adultos que quedaron imputados y a un adolescente (sobreseído por la edad). Después los liberaron pero tenían que esperar el juicio. 

Los imputados eran Ulises Yanes, representante de la Comunidad Las Pailas, delegado de la Unión de los Pueblos de La Nación Diaguita (UPDN) y ex director de Pueblos Originarios en la Municipalidad de Cachi; Ariel Prieto, del Consejo de jóvenes.

También una familia integrada por Tomasa Viveros y Quintín Cruz, del Consejo de Ancianos, y padres de Esteban Cruz. La abogada contó que un hijo adolescente había sido herido por la Policía, estaba ensangrentado debido a un golpe en la nariz y sus padres, Viveros y Cruz, fueron a defenderlo. En ese momento los detuvieron quedando luego acusados junto al otro hijo mayor de edad. 

Otros de los procesados fueron Agustín Mamaní, miembro del Consejo de Ancianos, y Santos Esteban Alancay, representante de la Comunidad Diaguita Los Molinos, quien se encontraba en el lugar del conflicto como delegado del Consejo de Participación Indígena (CPI) ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). 

«Iniciamos el juicio y nunca me pusieron a disposición el legajo», contó Huber. En la primera audiencia estaba el fiscal Federico Jovanovics, quien demostró desconocimiento del caso. Es que cambiaron varias veces de fiscal en la causa y ante un planteo de la defensa había pedido un cuarto intermedio para aportarle el acceso a esa documentación. La abogada dijo que fue «un juicio mal llevado, mal continuado».

La defensora destacó que varios de los imputados eran miembros del Consejo de Ancianos, gente que por su edad no pudo correr para escapar de la Policía pero que tampoco pudieron generar lesiones o daños. Del mismo modo, dijo que otros eran referentes que intentaban negociar con los obreros que trabajaban para Robles y fueron detenidos mientras estaban dialogando. 

Además, detalló que en la acusación de Robles, calificada por la fiscalía como  “coacción en perjuicio de obreros”, esos trabajadores nunca se presentaron a declarar en el juicio.

«Es cierto que tiraron piedras pero eran quienes estaban arriba del cerro y no son los que detuvieron porque todo eso pasó después de las detenciones», aclaró Huber. 

Los daños por los que imputaron a los originarios «fueron raspones, el engranaje de un visor roto que tampoco tengo constancias de que hubiera estado antes sano, un casco abollado, no eran heridas mortales, ni de armas, nada. Solo raspones de haberse caído y algunos moretones, nada más», aseveró Huber. 

La abogada dijo que hay discriminación a los pueblos originarios en los procesos judiciales, «hay un trato desigual hasta con la documentación probatoria». Señaló que las acreditaciones de comunidades originarias son desestimadas, mientras que se inician juicios por parte de terratenientes sin pruebas. 

La letrada advirtió que hay un sesgo del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal muy importante porque desde el inicio de las causas tienen una mirada distinta de acuerdo a quien denuncia. Y en ese sesgo otorgan más valor a las personas de un mismo sector social, «con profesión universitaria, de clase media o media alta.

Mientras, aseguró que las denuncias de las comunidades pasan a destino de archivo o desaparecen. Es el caso de una denuncia por desobediencia judicial contra el empresario Carlos Robles, quien debía retirar el portón del camino vecinal y aún no lo hizo. Huber dijo que en la justicia «no encuentran la causa». La orden de remover el portón fue dispuesta luego de una audiencia conciliatoria realizada en 2014 por el Juzgado de Garantías de Primera Nominación a cargo de Héctor Martínez. 

Después de poner en valor los informes presentados, Martínez reconoció que la comunidad originaria cuenta con el reconocimiento de personería y que por tal motivo la regulación sería mínima hasta tanto se cuente con una resolución definitiva. El juez revocó el decisorio que prohibía el ingreso al inmueble en cuanto se refiere a la totalidad de la extensión territorial en disputa, y ordenó la remoción del portón en un plazo de dos días; también intimó a los intervinientes a respetar los espacios de ocupación con los que cada uno cuenta en el inmueble, exhortar a las partes al resguardo de la integridad, prohibiendo cualquier tipo de violencia.

En esa oportunidad, Huber, representante legal de la Comunidad, rechazó el acuerdo presentado por el abogado Castañeda, patrocinante del titular registral de la finca San Miguel, Robles. 

Huber mencionó que Robles, con otros terratenientes conformaron una Asociación de Propietarios de los Valles Calchaquíes que intentan revocar la personería jurídica de la Comunidad Las Pailas y que incluso salen de testigos entre ellos en las causas judiciales que inician contra los  miembros de pueblos originarios. También indicó que llegaron a denunciar al médico Miguel Plaza como director del hospital de Cachi diciendo que realiza actividades que no se corresponden con su cargo, cuando lo que hace es participar de las asambleas por ser parte de la comunidad diaguita calchaquí. Lo mismo ocurrió con una enfermera y un agente sanitario. Y también con una trabajadora de una escuela pero en el Ministerio de Educación archivaron la causa porque no encontraron esas incompatibilidades. Sin embargo, en el Ministerio de Salud no ocurrió lo mismo,  Huber dijo que a raíz de las denuncias se inició un sumario que se reactivó cuando surgió el conflicto con Bodega Puna. 

Fuente: Página 12

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