Desde ayer se juzga a siete hombres miembros de la Comunidad Diaguita Calchaquí por los delitos de coacción, resistencia a la autoridad, con lesiones leves (cuatro hechos) en perjuicio de personal policial, todo en concurso real, y daños y desobediencia judicial.
El juicio unipersonal está a cargo de la jueza Mónica Faber. Al inicio de la audiencia, la defensa técnica de los imputados, a cargo de Verónica Paula Huber, que realizó dos planteos de nulidad acerca de los cuales se corrió vista al fiscal, cargo que ejerce María Inés Salinas, quien deberá responder en la audiencia de hoy, luego de lo cual se definirá la continuación del debate.
El supuesto delito se concretó, según la acusación, en el paraje Las Pailas, en Cachi donde los integrantes de la Comunidad Diaguita Calchaquí intentaron impedir la colocación de dos tranqueras en un camino vecinal.
Los acusados adujeron a los obreros contratados por el propietario de la finca que no les permitirían hacer el trabajo porque esas tierras les correspondían por derechos ancestrales. En ese contexto se produjo un forcejeo con los obreros, a quienes amenazaron para que se retiraran del lugar.
Los acusados también se enfrentaron con el personal policial que arribó al camino vecinal para disuadirlos. En este caso, arrojaron piedras desde una ladera a los uniformados, lesionando a cuatro de ellos. A raíz de los impactos también resultaron dañados dos vehículos (uno oficial y uno particular).
En la requisitoria consta además que los miembros de la comunidad tenían prohibición judicial de ingresar al inmueble donde ocurrieron los hechos