Esta mañana por orden de la auxiliar de la Fiscalía penal de Cachi, María Juarez Mattar y del Fsical Molinatti la policía de Cachi realizó un desalojo en las tierras del Paraje Las Pailas, obteniendo como resultados un menor detenido y el secuestro de tres motos.
El conflicto se originó hace unos meses cuando la propietaria de las tierras Florencia Wayar arrendó a un vecino de Cachi, una parte de sus tierras, luego de más de diez años sin trabajarlas por reclamo de las comunidades, las cuales se opusieron a que las trabajen.
Wayar relató que desde hace 10 años ella tiene tomada la mitad de su finca por la comunidad Diaguita Calchaquí. Explicó que ellos aducen que les corresponde acceder a la tierra amparados en la ley 26.160, pero como es respetuosa de la ley, viene esperando desde entonces que la Justicia de una solución sobre la ocupación. La otra mitad de la finca sigue siendo explotada por ella.
Sin embargo aseguró que el pasado domingo esos mismos ocupantes entraron violentamente a la parte que ella tiene en producción, montaron una choza en el lugar y no le permiten trabajar, y agregó que los propietarios no tienen Justicia, ni derechos ni nada; mientras que los usurpadores tienen todo el apoyo del Estado Nacional y provincial.
En tanto referentes de la comunidad aclaran que esas tierras les pertenecen de forma ancestral y apelan a la intervención de la justicia para resolver el conflicto.
Por su parte, el referente de la comunidad Diaguita Kallchakí, Ulises Llanes también en diálogo con FM Profesional, sostuvo que las tierras les pertenece de manera ancestral, incluso asegurando que “Florencia Wayar nunca levantó una pala” para labrar la tierra que reclama.
Por otro lado, Llanes manifestó que no son usurpadores sino que por el contrario les pertenecen dado que “abuelos y tatarabuelos” vivieron y trabajaron en el lugar.
Recordó que por una medida judicial de no innovar las dos partes tenían prohibido el ingreso al lugar pero Llanes asegura que Wayar no respetó esto y avanzó sobre las tierras. Es por ello que pide también que sea la Justicia la que intervenga y resuelva este conflicto.
Por otra parte, Miguel Plaza referente de las comunidades, se mostró molesto por el conflicto ya que manifiesta que no está de acuerdo con la auxiliar María Juárez Mattar, quién hace caso omiso a la orden judicial del juzgado Nº 8 y pretende desconocer el Derecho Originario; violando sus derechos constitucionales como pueblos preexistentes, enviando a la policía a reprimir a los integrantes de las comunidades.
Plaza remarcó que el Juzgado de Garantía N° 8, a cargo de la jueza Claudia del Valle Puertas, había solicitado la suspensión del desalojo por 48 horas, hasta resolver el conflicto a través de una mediación, donde ambas partes presentarían documentación. Plaza además dijo que le preocupa la situación, porque desde los organismos nacionales se encuentran trabajando para solucionar este problema que lleva más de diez años.