Agricultura Familiar presentó a sus referentes de la provincia, dos de ellos, son cacheños.

Anunciaron un regreso a las políticas destinadas a los pequeños productores, a la recuperación del territorio y la gestión por reincorporar a los despedidos.

Desde el cambio de Gobierno nacional, a la Secretaría Agricultura Familiar le agregaron las palabras «Campesina e Indígenas» (Delegación Salta) y por lo tanto convocaron a una conferencia de prensa para explicar las implicancias de las modificaciones y las renovaciones en cuanto a concepciones políticas y de funcionamiento.

A partir de ahora hay cuatro delegados según las zonas geográficas del territorio provincial. Desde el arranque se marca la diferencia con todas las anteriores administraciones que presentaban un solo delegado encargado de toda la provincia.

Los delegados de secretaría son los siguientes: para la Región Centro, que comprende el Valle de Lerma más una porción de La Candelaria, es Oscar Díaz. Para la Región Oeste, que incluye a las zonas andinas, de los Valles Calchaquíes, más Iruya y Santa Victoria Oeste es Miguel Plaza. Para la Región Chaco Norte, con los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia es Ignacio Garzarón. Y para la Región Chaco Sur, con Metán, Rosario de la Frontera y Anta está Patricia Caudullo.

Según dijeron, son cuatro elementos elegidos en concordancia con la concepción política del Gobierno nacional.

Caudullo y Díaz vienen de la resistencia interna dentro de la Secretaría en el desmantelamiento que produjo el Gobierno anterior; despidieron a trabajadores y no se realizó inversión alguna en cuanto bienes muebles e inmuebles. La Delegación Salta (y el INTA local) tiene una tradición en el trabajo con el campo a pequeña escala: con las huertas, las comunidades campesinas, asociaciones de criollos y pueblos indígenas. Aseguran que el concepto del Gobierno anterior se concentraba en los grandes productores por lo que las prioridades estuvieron en otras direcciones.

«A partir de ahora hay un reconocimiento a la diversidad, por eso se agrega lo de campesino – indígena», dijo Plaza. Este último, junto a Garzarón, vienen de las organizaciones campesinas e indígenas que mantienen una dura batalla contra el empresariado de los agronegocios por el territorio.

«Sin dudas que vamos a un proceso de organización y recuperación territorial en articulación con la militancia de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP y CTEP) y de los movimientos campesinos indígenas», dijo Garzarón.

Coinciden en que los sujetos de derechos, los equipos técnicos y la misma Secretaría quedaron «desmanteladas». «Vamos a trabajar desde el campo para que vuelvan los compañeros que en la gestión fueron despedidos sin causa alguna», dijo Díaz.

Despidos

Hasta 2018, de los 40 trabajadores que poseían un contrato de renovación anual quedaron 14, tras ser despedidos, en dos tandas, 26 profesionales. Hubo marchas y movilizaciones de los despedidos y de los compañeros que siguieron, también de las organizaciones del campo que quedaron sin la asistencia, no solo en la siembra, sino también en la comercialización, en el agregado de valor, en el mejoramiento de animales, en el agua, entre otras como así también en la revalorización del modo de vida.

«Vamos a buscar la forma de reincorporar a todos y a todas esas compañeras valiosas para antes de fin de año», dijo Miguel Plaza.

Sin duda que los nuevos funcionarios nacionales interpelan el modelo productivo que tiene la provincia. Desde Nación -aseguran- van a una transición hacia la agroecología, la recuperación de la agricultura ancestral de los indígenas, el cuidado de las semillas y la soberanía alimentaria.

«Pasamos años difíciles. Hubo mucho desprecio por el sector de la Agricultura Familia y ahora nuestra tarea es la de empoderar, volver al contacto con la gente y las organizaciones, recuperar el rol de los técnicos y profundizar en los cambios con un Estado presente en las comunidades», dijo Caudullo.

Un plan estratégico en un contexto difícil

La Secretaría de Agricultura Familia Campesina e Indígena de la Nación, delegación Salta, tiene un plan estratégico desde el 2020 al 2024 con cuatro objetivos específicos.
Uno es promover la inclusión y la formalización del sector. Y para eso se necesita regresar a trabajar en el territorio y volver a dar las discusiones históricas en cuanto a la propiedad, tenencia, posesión y uso de la tierra.
El segundo es fortalecer el desarrollo productivo para dar valor agregado a lo producido y “producir alimentos que el Estado pueda comprar”, dijo Caudullo.
Tercero es fortalecer el acceso a la tierra y el arraigo rural promoviendo la mejora en la calidad de vida, la conectividad y el acceso al agua. Y cuarto promover la formación, innovación y tecnificación productiva en una camino hacia la agroecología con capacitación y el uso de energía renovables.
Sin dudas que esos objetivos llevados a la complejidad de cada zona se convierten en una tarea difícil. La cantidad de territorios en disputas convierten a Salta en un polvorín.
El cumplimiento del fallo de la CIDH en Santa Victoria Este, el relevamiento y reconocimiento de las comunidades indígenas en Tartagal, los criollos de Salta Forestal en Anta, el conflicto entre diaguitas y empresarios en los Valles Calchaquíes y ahora se suma las tensiones en Tres Fronteras son algunos de los más complejos.

Fuente:El Tribuno

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